Jun 042014
 

CarmenCarlos

Hablábamos en otro post anterior de cómo la ley se suele malear en su capa más externa y circunstancial, pero nunca se cuestiona en su esencia. En este momento también el funcionamiento de la Justicia está en entredicho, y por más de una causa: La no separación de poderes y dependencia del poder judicial de lo legislativo/ejecutivo, la injerencia debido a los desiguales, excesivos e inexcusables indultos, el doble rasero en el resultado dependiendo de la extracción social, la lentitud que deviene en injusticia, la imposición de tasas disuasorias para las clases más desfavorecidas, etc.

De fondo también está el asunto sobre qué es, hoy, lo que legitima al juez para poder juzgar y como el pueblo soberano es o debe ser origen y partícipe de ese poder, pero dejemos eso para otra ocasión. Ahora podemos detenernos un momento en el sentido de lo penal  ¿Para qué sirven y qué sentido tienen las penas? A mi modo de ver hay varios objetivos que podrían ser discutidos en su origen y efectos, que transcienden el simple y plano “castigo” por las acciones cometidas (“que paguen por lo que han hecho”)

– (Disuasión) Disuadir para que debido a la pena, el delincuente se lo piense antes de delinquir.
– (Compensación) Compensar el daño o sufrimiento causado al individuo o a la sociedad.
– (Reeducación-Reinserción) Corregir el comportamiento en su origen para que no se produzca.
– (Protección social) Proteger a la sociedad evitando que se vuelva a cometer un delito o crimen parecido.

Puede discutirse cuando debe de haber de disuasorio en lo penal, pero parece claro en una sociedad sana ese componente debe ser lo menor, y, excluyendo crímenes muy graves, tal vez incompensables, y que exigen privación de libertad, creo que el sentido de lo penal debe estar sobre todo en la compensación del daño hecho a los individuos o a la sociedad del delito cometido orientando a no continuar, de una manera consciente, con la conducta delictiva.

Es decir, siempre que sea posible, en la reparación del daño físico o sufrimiento (“daño moral”) causado a individuos o a la sociedad es en lo que pienso debe estar todo el sentido de lo penal. Y en toda reparación cabe pensar en aquel viejo aforismo que dice de compensar doblemente el daño causado. Y, por supuesto, en la medida del daño y en la reparación exigida (o en el perdón) debe estar la persona, colectivo o sociedad en conjunto que ha recibido el daño asociado al delito (que es quien lo denuncia).

También parece coherente pensar en que a la hora de juzgar y penar, en sus atenuantes y agravantes, deben contemplarse los motivos, las intenciones y las posibilidades de tener un comportamiento distinto.

Comparemos desde ese punto de vista ahora el caso de Carlos y Carmen, acusados de amenazas a la dueña de un local de restauración durante un piquete en una huelga general y condenados a más de dos años de prisión, con el de estos cuatro directivos de Caixa Penedés que han sido encontrado culpables de robar casi 30 millones de euros a la hacienda pública y que han evitado la cárcel por el hecho de devover el dinero “sustraído” ¿Es esto justicia?

¿En que caso el daño es mayor? ¿Por qué torticera interpretación puede considerarse más lesivo un acto como el de Carmen y Carlos? Con intención de defensa de los derechos de los trabajadores, no hubo violencia, más que al parecer una inconcreta amenaza (“chapas y se acaba”) y a un solo particular cuyo daño moral (no digo que no lo haya) no va más allá que a un sofoco y unas pérdidas económicas como mucho de unas horas de ocupación del local. ¿Por qué en este caso no se negocia una reparación con la única víctima del supuesto delito?

Y si se insiste en el componente social ¿Es el daño a la sociedad causado por Carmen y Carlos mucho mayor que el causado a una entidad pública como Caixa Penedés cuya intención era únicamente el hurto a la hacienda pública? La amenaza en el caso de Carlos y Carmen no se llevo a cabo y el piquete abandonó el local pacíficamente. De ahí no pasó. En el caso de los directivos, no medió ninguna amenaza, sino la sustracción a una entidad pública de casi 30 millones de euros. ¿Qué conducta es más peligrosa para la sociedad? ¿Quién infringió más daño?

¿Es justificable una privación de libertad de años para dos personas que no suponen ninguna amenaza social en un hecho que como máximo es fácilmente cuantificable y reparable para con la víctima?

Porque si se habla de sanciones “ejemplarizantes” al ministerio fiscal habría que recordar que, en cada decisión injusta, el ejemplo que se da de esta justicia no es muy edificante, sino que, antes al contrario, es un ejemplo bochornoso de desproporción ante la que siempre pintan ciega y con una balanza. Injusticia que por otro lado roza la vulneración de los derechos de expresión y huelga en unos momentos donde la justicia social claramente disminuye. Así precisamente se deslegitima a la actual aplicación de lo que debería ser la Justicia, con mayúsculas.

¡Libertad para Carmen y Carlos!

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