May 262014
 

leyes

De unos años para acá en este sistema parece una costumbre que la manera de cambiar la realidad por parte de los gobernantes sea cambiar las leyes. Los ejemplos son numerosos: Que hay muchas manifestaciones y protestas, se cambia la ley para aislarlas o evitar que se produzcan tantas y se endurecen medidas de manera escandalosa tocando el propio código penal. Que la Justicia está colapsada, se aumentan las tasas para evitar que se produzcan tantos juicios (sobre todo por parte de los que menos medios tienen). Que los jefes de RTVE no son de mi cuerda, cambio la ley para elegirlos. Que la corrución y la situación de la banca exigen un abultado rescate y falta dinero, vamos con leyes para privatizar recortar y copagar en sanidad y aumentar tasas y cuotas en educación.  Que hay crisis y a los empresarios les viene bien acometer aligerar plantillas, reforma laboral que te crió… y tantos etceteras.

En consecuencia, el Gobierno, más que ocuparse de lo que le compete, es decir, cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente, se dedica a cambiarla a su gusto y a “endurecer” la ley y la justicia. Como si el cambiar las leyes fuera un modo casi mágico, como un mantra, para que la realidad cambie y mejore una vez algo queda escrito en el BOE.  Este vicio, sin embargo, parece un robo de funciones por parte del Ejecutivo que frecuentemente toma las funciones de un Legislativo a golpe de Decreto Ley, porque recordemos que la propia Constitución reserva esta figura, el Decreto Ley a casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y ya se ha sobrepasado el centenar en el último decenio.

Al fin y al cabo, si lo que quiere es defender un “Estado de Derecho”, el Gobierno debería ocuparse de hacer funcionar la Ley y la Justicia, por imperfectas que estas sean, más que “endurecerlas” o malearlas tan frecuentemente porque esas disposiciones represivas, por un lado, también caerán en manos de quienes entorpecen la Ley y la Justicia, y por otro, no solucionan el problema de fondo sino que sólo aumentan la presión de la olla social, justificando la “desobediencia civil”.

No quiero decir que las leyes no necesiten adaptarse a los tiempos y a las necesidades, pero precisamente los problemas más acuciantes como son el paro y la casi nula creación de empleo, el retroceso de derechos básicos que representa el avance de la pobreza, el espectacular crecimiento, concreto y perfectamente medible, de la desigualdad, la extensión de la corrupción y falta de transparencia y sobre todo el alejamiento de la clase política del pueblo al cual supuestamente representa y que desemboca en una putrefacción preocupante de la propia democracia, esos problemas parece que no preocupan al Decretador y en esos no se emplea tan a fondo como en reprimir las protestas y echar la porquería debajo de la alfombra como si esta fuera a desaparecer.

Pero desde el 15 de Mayo de 2011 cada vez se ven mas los juegos sucios y la mano pasar por la manga del prestigitador. Precisamente hay cosas que cambiar de manera acuciante, y que afectan a la salud de la propia democracia en cuanto a defensa de derecho, a separación de poderes y en cuanto a la soberanía del pueblo que grita “No nos representan”. No fallan las leyes pero sí la base. Han pasado ya más de 35 años que se votó y entró en vigor la vigente Constitución de 1978. Lo que fue valido para los años 80 y poco más allá, lo que supuso un avance al salir de la dictadura, se ha quedado enclenque, ajado y raquítico en el nuevo siglo.

Suele repetirse que la Constitución es el marco de convivencia que lo regula todo y no hay nada por encima de ella. ¿Cómo que no? La Constitución puede ser cambiada por el Parlamento, y el Parlamento por el Pueblo, así que es el Pueblo lo que no tiene nada por encima. Y si se usan las constituciones para acallar las justas reivindicaciones de los pueblos soberanos, flaco favor se hace a las propias constituciones, y por supuesto a los pueblos. Hoy la imperfección de la Constitución española es manifiesta por anacrónica y mejorable de manera clara en varios aspectos (no garantiza los derechos, voto cada cuatro años, referéndums no vinculantes, ausencia de democracia participativa etc) Digámoslo claro: Las constituciones no están por encima de los seres humanos, y menos si no se les dota a los seres humanos una vía constante de modificación y mejora.  Y están cometiendo un crimen contra el Pueblo y la Democracia quienes, conociendo esto y pudiendo proponer su mejora, se cruzan de hombros o la posponen sine die  haciendolas restar en legitimidad.

Porque de los actuales españoles menos de un tercio ya votaron la actual carta magna. Y la votaron de una manera muy imperfecta, un SI o un NO en un “trágala”, un sólo paquete de “lentejas” que hoy en día resulta poco acorde con las posibilidades que permite la tecnología; debatir, deliberar y votar todo el articulado en un nuevo Proceso Constituyente basado en un Poder Constituyente que es inalienable, continuo y que no tiene periodos de latencia ni caducidad.

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